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miércoles, 20 de marzo de 2013

Los Conservadores

Conservadores

Junto con el krausismo, defensor de un intervencionismo estatal moderado y de una concepción "organicista" de la sociedad, conviene destacar el conservadurismo español representado por su líder Antonio Cánovas y sobre todo por los llamados regeneracionistas conservadores como Francisco Silvela, Eduardo Dato (autor de las primeras leyes sociales a comienzos del siglo XX) y Antonio Maura.

Para una parte del conservadurismo español era importante revisar los supuestos del liberalismo individualista en línea con las propuestas teóricas que se discutían en la Europa de entonces, desde la revisión de la economía clásica a cargo de la escuela histórica alemana (los "socialistas de cátedra") y la extensión de las políticas proteccionistas, hasta la corriente "solidarista" de raíz francesa que defendía el principio de la "solidaridad natural" frente al principio de "la lucha por la vida", justificando así un nuevo concepto de Estado como elemento activo al servicio de un ideal social.


Por otra parte, sobre este grupo conservador influyen hechos tan notables como la recepción de la encíclica de León XIII Rerum Novarum en 1891, si bien, la repercusión inicial de dicha encíclica no fue muy grande, ni entre los políticos conservadores, ni en el campo católico, según afirma Feliciano Montero y la misma política social diseñada por el canciller alemán Bismarck con el fin de frenar el ascenso del socialismo en su país.


Como señala el profesor Montero 


"La reforma social en España se plantea y avanza muy estrechamente vinculada al reformismo social europeo. Una minoría de la élite gobernante e intelectual española conoce las leyes e instituciones sociales que se están implantando en Alemania, Francia, Bélgica, y participa en las instancias internacionales promotoras de la reforma social…" .

El conservadurismo de fines del XIX es decididamente partidario del Estado intervencionista en el campo social y económico y algunos de sus miembros como Francisco Silvela, defensores, igualmente, del sufragio corporativo.


El intervencionismo conservador expresado por Antonio Cánovas del Castillo gira en torno a tres aspectos: en primer lugar, el proteccionismo económico; en segundo lugar, la necesidad de una legislación social obrera, en el marco de la libertad de contratación; y en tercer lugar, la necesidad de una contención de las acciones revolucionarias mediante la defensa del orden público .


Desde este ángulo, el intervencionismo estatal en forma de leyes obreras cumple el objetivo político conservador de contrarrestar la revolución socialista, haciendo concesiones a los obreros para atraerlos a posiciones moderadas.


El intervencionismo estatal se inscribirá, desaparecido el líder Antonio Cánovas,  dentro  de  lo  que  se  ha  denominado  el  regeneracionismo  conservador expresado por Francisco  Silvela, Eduardo Dato, y más tarde, por Antonio Maura.

Sobre el sufragio corporativo, como alternativa al sufragio universal, decía Francisco Silvela: 

"Con el sufragio universal, se gobierna, pero con el sufragio universal no se administra…, el ciudadano tiende a no valorar su derecho de voto y con facilidad lo vende por nada. En cambio, un mandato de un círculo, corporación o centro supone para el mandatario una mayor obligación, un seguro contra el fraude… utilizar para la construcción de los municipios, dentro del sistema electoral, el elemento colectivo, los gremios…". 

Así el sufragio corporativo constituiría un valladar frente a la falsificación del sufragio en una sociedad con una opinión pública demasiado débil para evitar la corrupción política; sin embargo, como acertadamente afirma Florentino Portero: 

"un liberal como Silvela recurría a sistemas no liberales con tal de avanzar, si bien peligrosamente, por el camino de una mayor representación…"
.
En cuanto a las reformas sociales que pusieron en marcha como gobernantes fueron el resultado del trabajo previo desarrollado por intelectuales krausistas y  por católicos sociales, conservadores y liberales, con una presencia reducida, no hay que olvidarlo, de sus verdaderos protagonistas, los obreros y los patronos.


Dicho trabajo se encauzó a través de la Comisión de Reformas Sociales, y el Instituto de Reformas Sociales creado en 1903, un organismo que dependía del Ministerio de la Gobernación, lo cual demuestra que en el fondo lo que subyacía en el reformismo social español era paternalismo, beneficencia y miedo a los grupos obreros.

Extractos de Miguel Ángel Perfecto: El Corporativismo en España.

Jaime Balmes 1810 - 1848

Si bien este gran filósofo español era organicista no destacó por su aportación al desarrollo de la representación orgánica. Sino por la crítica lúcida, incisiva y desapasionada  que llevó a cabo del gran rival de la democracia orgánica: El sistema de partidos políticos.

 

 

La Crítica Balmesiana del Estado Demoliberal

I INTRODUCCIÓN.

I .    La  política  en  Balmes.

En el páramo que era la metafísica española de la primera mitad del siglo xix, la única cumbre es la Filosofía fundamental (1846) de Balmes. Esta circunstancia, casi tanto como los valores lógicos de la obra, explica que su
autor haya pasado a nuestra historia preferentemente como filósofo. Pero lo cierto es que la faceta política no cede en importancia a la filosófica. Más de dos mil páginas de apretada tipografía, casi la tercera parte de todos los escritos balmesianos, se refieren a la cosa pública. Este, solo hecho es ya sobremanera revelador en un intelectual que sólo vivió treinta y ocho años. Y, a medida que se penetra en el personaje, se confirma una atención preferente hacia el Estado. Balmes publicó sus dos primeros libros en 1840. Uno de ellos se titula Consideraciones políticas sobre la situación en España. Es un alegato contrarrevolucionario que aparece cuando Espartero lleva la ideología progresista al poder. Enfrentarse con el hombre todopoderoso es casi una temeridad, que atestigua una impetuosa voluntad de orientar el destino nacional.

En 1841 funda la revista La Civilización. Allí no cesó de escribir artículos políticos, entre los que destaca La esterilidad de la revolución española. Pero no quiso compartir las responsabilidades. Y en 1843 acomete, en solitario la publicación de una nueva revista, La Sociedad, cuyo primer número abre, el fuego con el trabajo Situación de España. En las páginas de análisis, denuncia y programación se suceden caudalosamente. Balmes decide dar un paso más, y funda en Madrid el gran semanario El Pensamiento de la Nación inspirador del grupo capitaneado por Viluma. En sus páginas se contienen las grandes campañas políticas de Balmes y, entre ellas, la del matrimonio de Isabel II con el conde de Montemolín para superar la guerra civil, fortalecer el trono, e inclinar la balanza hacia el Estado tradicional. Cuando la reina decide casarse con su primo Francisco de Asís, error verdaderamente insigne.

Balmes abandona la lucha. Así es como responde a los vehementes requerimientos de Viluma: 


"Dudo mucho que pueda hacer bien escribiendo de política. Las circunstancias han variado completamente: falta la base..., yo no puedo detener las borrascas que van a desencadenarse".

 El 31 de diciembre de 1846 aparece el último número, y en él un pesimista artículo de despedida. ¿Por dónde se sale? A Balmes sólo le quedaba año y medio de vida.
Ya apenas volvería a escribir sobre España.

Balmes no fue un político sensu stricto, sino más bien un intelectual en la política. Salvo los cuatro años matritenses, comprendidos entre enero de 184 y febrero 1 de 1848, interrumpidos por varios viajes, la vida de Balmes transcurre en torno a Vich. Es un provinciano que sólo interviene directamente en el ámbito local para apoyar la candidatura monárquica que encabeza Viluima por Barcelona, y que no triunfó en las elecciones de 1844. El breve Manifiesto a los electores no es ajeno a la pluma de Balmes. En la política nacional sus amigos llegan por primera y única vez al Gobierno cuando Narváez encarga la cartera de Estado, en mayo de 1844, a Viluma, recién designado embajador en Londres. Balmes no refleja, entonces, ni entusiasmo, ni siquiera contento. Al contrario, en el artículo que dedicó al nuevo Gabinete, ya da como posible que Viluma no acepte. Lo cierto es que iba a dimitir el 1 de julio. Del artículo en que Balmes explicó la crisis se deduce que no sólo no instigó a Viluma a permanecer, sino que le pareció acertada su renuncia.

Poco después, Balmes se convierte en el inspirador de un grupo llamado Monárquico Nacional, al que algunos dan la denominación apresurada de "vilumista" o "balmista". El Manifiesto de Madrid, publicado el 11 de agosto de 1844 parece ser, en lo fundamental, obra de Balmes. A pesar del fracaso de Barcelona, en las nuevas Cortes se agrupa en torno a Viluma una veintena de diputados - el grupo Monárquico Nacional- que adopta una política cíe relativa colaboración con el Gobierno. Destacan entre ellos el conde de Hevillagigedo e Isla. Como consecuencia de una frase infeliz del ministro de Hacienda, Alejandro Mon, casi todos renuncian a su acta de diputado y abandonan, la Cámara. El 4 de enero de 1845 redactan un Manifiesto explicando los motivos de su decisión. También en este importante documento se adivina la mano de Balmes.
 
La tercera salida de Balines a la praxis política fue para remover, cerca de la rama proscrita, los obstáculos que se oponían al matrimonio de Isabel II con el conde de Montemolín. Balmes residió en Francia entre el 26 de abril y eí 14 de octubre de 1845. Negó que su viaje a París hubiese tenido «objeto político de ninguna clase», y hemos de aceptarlo, ya que su activi-
dad principal en Francia fue redactar la Filosofía fundamental. Pero, aunque fuera secundariamente, es indudable su participación en la retirada de don Carlos. 

Balmes dictó a una tercera persona cartas destinadas a convencer a don Carlos de que renunciara a sus derechos en favor del conde de Montemolín. Los documentos de abdicación y de aceptación están fechados en Bourges el 18 de mayo de 1845, es decir, durante la estancia de Balmes en Francia. El Manifiesto que el nuevo jefe de la familia exiliada dirigió a
los españoles .el 23 de mayo de 1845 es obra de Balmes. Y nuestro filósofo escribió en París, en junio de 1845, cuatro artículos defendiendo la decisión carlista.
 
Estos hechos, esquemáticamente reseñados, lejos de probar un «activismo» balmesiano, confirman que el gran pensador no ambicionaba el poder. La dimisión de Viluma y la renuncia de casi todos los diputados de su grupo fueron dos errores, si lo que se pretendía era gobernar; pero fueron dos aciertos si se aspiraba a mantener una doctrina que actuara por su pura energía dialéctica. Y la operación cerca de los príncipes carlistas la hizo desde la sombra y sin recabar jamás ninguna representación del Tradicionalismo. Balmes era intelectualmente ambiciosísimo, pero personalmente disciplinado en la modestía. Aspiraba a condicionar conceptualmente el Estado español de su tiempo.
 
Era un planteamiento similar ai de Fichte, 

«Los discursos y los escritos -escribe Balmes al final de su vida— han trastornado más imperios que todos los ejércitos». 

Y es este predominio de la dimensión lógica y veraz sobre la volitiva y arbitraria el que potencia eí valor testimonial de los escritos balmesianos. Porque en ellos hay una idea positiva del Estado; pero también una interpretación crítica de las instituciones políticas españolas de la primera mitad del siglo XIX. Todo ello es en Balmes tan importante, por lo menos, como Su apologética y la filosofía. Por eso dijo de él León XIII que era 

«el primer talento político del siglo XIX, y uno de los más grandes que ha habido en la historia de los escritores políticos»

Y este es el dictamen de Menéndez Pelayo 

«Recorrió Balmes con admirable seguridad de cíiterio todos los problemas de Derecho público, llamó a examen todos los sistemas de la organización social, y nos dejó un cuerpo de política española y católica»

 Y en otro lugar: «Como periodista político, Balmes no ha sido superado en España».
 

A este testigo, acaso el más calificado de su tiempo, le pedimos un juicío sobre el Estado demoliberal que le tocó vivir. Esta es la cuestión.


2. La objetividad metódica

Balmes se consideraba «extraño a todos los partidos».

Así formulaba su actitud básica:

«No somos exclusivos, no abrigamos rencor contra personas ni partidos, aun los más opuestos a nuestras opiniones».

Preconizaba la «entera independencia del espíritu de partido». Y la practicó en verdad. Balmes no ocupó ningún cargo político, ni ejerció ninguna función de gobierno. Se mantuvo por encima de todos los partidos. No fue él quien constituyó una fracción agrupada, en torno a Viluma. Fueron sus miembros los que recabaron el consejo de Balmes, trataron de aplicar su ideario, y continuaron la lucha política después de que Balmes dejó de ocuparse de
la cosa pública.

Esta independencia personal es la que le permitió ser objetivo en sus análisis :

«Consideramos las cosas no tales como debieran ser o como desearíamos que fuesen, sino tales como son».

«Nos hemos atenido a los hechos evidentes y palpables».

Postula «la observación de los hechos... método el más trabajoso, aunque poco seguido».

La actitud balmesiana ante los acontecimientos era la opuesta a la entonces predominante, no ya entre los protagonistas, sino incluso entre los observadores. Balmes les acusaba de maniqueísmo permanente, ya que para unos:

«en los enemigos de las reformas está personificado el genio de la discordia y el crimen», mientras que en los defensores de las mismas no hay más que «ilustración, generosidad, patriotismo, beneficencia, impecabilidad nunca desmentida».

Tampoco perdonaba a los maniqueos de signo contrario, a los que creían que «la monarquía de los tiempos anteriores a 1808 no adolecía de ningún defecto», y que «la revolución tiene la culpa de todos nuestros males».

Balmes no trató de colocarse en el centro geométrico, que es siempre una posición relativa y de compromiso, cuya posible extremosidad depende de los otros, es decir, de la inicial situación de los términos. La meta de Balmes no fue la equidistancia, sino la verdad.


II JUICIO DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

I . El espíritu doceañista

La vida política de la España contemporánea está condicionada por la ideología demoliberal que las Cortes de Cádiz introdujeron en la Consíitución de 1812. La discusión es especialmente aguda en tiempos de Balmes. Casi todo se reduce a un pronunciamiento a favor o en contra de los doceañistas. La actitud balmesiana es básicamente adversa. La primera objeción es la de inconsecuencia. Los legisladores de Cádiz hablan gracias al pueblo que se ha levantado contra la invasión liberal napoleónica; pero

«en 1808 nada se vio en España de movimiento liberal, las ideas liberales no asomaban siquiera en nuestro horizonte; los motivos del alzamiento fueron el Rey y la religión».

«Aquello fue una verdadera sorpresa». Consecuentemente, la operación doceañista fue un dictado impuesto al pueblo español:

«la nación española estaba fatigada de la tiranía de los privados, pero no quería, en cambio, la tiranía filosófica, con todo el séquito de las teorías descabelladas de la escuela del siglo XVII».

De ahí la «impopularidad» de la maniobra gaditana. Terrible paradoja histórica:

«En una nación que era... altamente monárquica,, erigir en ley fundamental una Constitución esencialmente democratica? en una nación altamente religiosa prodigar abiertamente a la religión la sátira, el escarnio; en una nación tan grave y severa, sustituir a la sesuda gravedad de los Consejos castellanos por la precipitación y el más desalentado desacuerdo».

En otros términos:

«El pueblo español unía en sus ecos, el grito de Rey con el de religión. Sin embargo, en la Constitución de 1812 estaba consignada la soberanía popular. Esto era un sarcasmo».

Balmes resume su pensamiento en un,texto can duro como tajante:

«la tiranía... ha sido la condición del liberalismo en España desde 1810; se quería que el pueblo español bebiese una copa que detestaba; necesario era, pues, sujetarle con fuertes cadenas».

Frente a la ya tópica imagen de un pueblo aherrojado por el absolutismo de Fernando VII y de un grupo de déspotas ilustrados, Balmes ofrece una interpretación contrapuesta: 
una sociedad tradicional a la que una minoría de afrancesados trata de imponer la «dictadura» demoliberal.

Dos. son las consecuencias principales de la impopularidad y violencia de la operación doceañista. La primera es que

«nunca fue menos consultada la voluntad del pueblo español, y nunca fue menor su influencia en los negocios públicos que en las breves épocas que ha estado en vigor aquel código» gaditano.

La segunda es que, cuando el país habla, se manifiesta contra los doceañistas:

«¿quién no ve en 1814 y en 1823 a una democracia que grita. ¡Viva el Rey!?, ¿quién no ve que es el verdadero pueblo el que derriba las lápidas (de la Constitución), aplaude el decreto del Rey a su vuelta de Francia, y que después se alista con entusiasmo en las filas de Merino y del Trapense?».

El mismo pueblo español que recibió con entusiasmo la segunda invasión francesa, la de los 100.000 Hijos de San Luis, cuando vino a apoyar la monarquía en España y poner fin al trienio liberal.

Por eso es tan frágil la obra gaditana:

«¡Qué pequeñez en sus principios! ¡Qué incertidumbre, qué aberraciones en su marcha! Menguada revolución que, nacida en lugar retirado, a guisa de bastardo, muevese por el simple decreto de un monarca, resucita por medio de una insurrección militar en la isla, y huye pavorosa y perece de nuevo por sólo asomar en la cumbre de los Pirineos el pabellón francés».

Balmes, como buen intelectual, no puede menos de hacer a la Constitución de 1812, junto a las objeciones prácticas, una teórica:

"las palabras fueron un remedo; los medios y procedimientos, una imitación, y las instituciones, una copia».

El patrón era la Francia revolucionaria. A este mimetismo transpirenaico opuso Balmes su concepción tradicional y autóctona .del Estado.

En 1823, Fernando VII da por abolida la Constitución de Cádiz, y restaura el antiguo régimen. Se inicia la «década ominosa», según la terminología de los historiadores progresistas. La posición de Balmes es original e independiente :

«Un Gobierno no puede subsistir por espacio de diez años en pacífica posesión del mando si éste es tan contrario como se ha querido suponer a la voluntad de la mayoría de la nación. Dígase lo que se quiera, este es el resultado de los hechos, lo demás son palabras».
Pero esto no significa una defensa incondicional. Balmes reprocha a la última etapa fernandiana «exageración» e «imprevisión». Tampoco le reconoce la relativa prosperidad de la que fue artífice, en gran parte, el ilustre tecnócrata López-Ballesteros. La atención balmesiana está concentrada sobre el nuevo reinado.


2. La España, isabelina


Aunque menos agudo, continúa el zigzagueo después de la muerte de Femando VII La primera inflexión la marca la regencia de María Cristina, con su lenta aproximación hacia los esquemas doceañistas. El juicio de Balmes sobre aquel retorno es adverso:

La filosofía demoliberal:

«jamás ha sido fuerte en España, jamás ha podido triunfar, sino cuando se ha escudado con el Trono. En 1832 estaba muerta; los consejeros de la Reina Cristina la hicieron resucitar».

Con estos negros trazos resume la situación en 1840.

«La Reina está en minoría, la Constitución es reciente, grandes y antiguas instituciones o han desaparecido del todo, o han sufrido considerable menoscabo. La administración está completamente desorganizada, la legislación, es un caos, el déficit un abismo, la guerra civil ha dejado en pos de sí horribles regueros de sangre y de ceniza, las revueltas y los escándalos han esparcido por doquier abundante germen de inmoralidad y desorden; siguen enconados los ánimos, alarmadas las conciencias, en choque las opiniones, en lucha los grandes intereses».
El quiebro inmediato lo marca la regencia de Espartero. Balmes se define con una interrogación:

«¿qué se podía esperar de un general en jefe de los ejércitos reunidos, empeñado en representar seriamente el papel de regente constitucional?».

En agosto de 1843 describe así al país:

«España es un campamento en desorden, donde cada cual guarda lo suyo como mejor puede, y no escrupuliza mucho en tomar lo ajeno».

El período siguiente es la década moderada, que se inicia con el primer Gobierno de Narváez en mayo de 1844, y termina con ía revolución de 1854. Como los escritos políticos de Balmes no llegan más allá de 1847, su juicio se centra sobre el personaje capital del primer tercio de la década moderada.

Desgraciadamente, no llega a ser testigo de los años mejores, los que desembocan en el eficaz mandato de Bravo Murillo.

La posición balmesiana no es absolutamente hostil. Por eso escribe en diciembre de 1845, o sea, cuando González Bravo está preparando el camino a Narváez:

«si bien el Gobierno actual está muy lejos de contarnos entre sus amigos, no quisiéramos verle ceder su puesto a hombres cuyo sistema habría de acarrear mayores males»

Es decir, que frente a los progresistas, los moderados son para Balmes un mal menor.

Su opinión del primer Narváez no es favorable. Tres son las críticas principales. Autoritarismo, porque «escribe sus mandatos con la punta de la espada». Pero, al propio tiempo, contradicción, porque «aspira a ser un caudillo parlamentario». Y, finalmente, vacío doctrinal: «entra las vanas causas que han contribuido primero a inutilizarle (a Narváez) y después a perderle, ha sido una de las principales la falta de pensamiento politico».

Este es el juicio sintético de Balmes sobre el primer período del Estado isabelino:

«El Trono llamaba en su auxilio a la revolución, es decir, a su enemigo natural y necesario; se ensayaban sistemas apellidados de mayorías, y una masa inmensa no reconocía otras urnas que los cañones; se hablaba de restablecimiento de las leyes antiguas, cuando los gobernantes estaban en una rápida pendiente que les conducía a innovar; se hacían impotentes esfuerzos para crear una especie de aristocracia, cuando los elementos en los "que se apoyaba el Trono tendían al desbocamiento de la democracia en lo que tiene de más anárquico y exclusivo... No hay, pues, motivo para extrañar el desgobierno y la anarquía que nos han afligido durante los últimos diez años».

Lo que, en definitiva, condena Balmes es el intento de conciliar principios opuestos. Incertidumbre, inestabilidad, zozobra, contrastes, alternancias, estos son los vocablos que frecuentemente aparecen en los escritos balmesianos al juzgar los acontecimientos de su tiempo.



3. Balance


El balance de la primera mitad del siglo xix es negativo. Inestabilidad constitucional:

«En España desde 1808 hemos tenido la Monarquía absoluta antigua, la Constitución de 1812, la Monarquía de Fernando, otra vez la Constitución de 1812, otra la Monarquía de Fernando, en seguida el Estatuto Real, luego el Estatuto en suspenso y sujeto a revisión, después la Constitución de 1812, y por fin la de 1837. Sumando los términos de la serie, resultan ocho mudanzas de leyes fundamentales».

Y además de la inestabilidad, la ausencia de una idea eminente del Estado:

«Ningún pensamiento grande, ninguna medida nacional, una política pequeña a merced de las intrigas, nunca adelante, siempre a remolque de los acontecimientos. De ahí el desgobierno que tuvimos desde 1814 a 1820; de ahí la anarquía desde 1820 a 1823; de ahí las exageraciones, el exclusivismo, la imprevisión hasta 1832; de ahí, por' fin, el triste legado de una guerra civil, de una revolución, de un profundo desquiciamiento que nos aflige todavía».

Es la síntesis más apretada, diáfana e implacable que testigo alguno ha hecho de la primera mitad, de nuestro siglo XIX.



II ANÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES LIBERALES

 

I . El sufragio y las Cortes.


Balmes sólo conoció el sufragio restringido consitario, puesto que el universal no se implantó hasta 1868. El Decreto de 20 de mayo de 18345. desarrollo del Estatuto Real, concedía el derecho de voto, a sólo 16.029 españoles que

«representaban el 0,15 por 100 de la .población».

Posteriormente, el Decreto de 24 de mayo de 1836 amplió el cuerpo electoral a 65.067 ciudadanos, que

«representaban una cifra situada entre el 0,5 y el 0,6 por 100 de la población de España».

La ley de 20 de julio de 1837 dio un paso más. Y la ley de 18 de mayo de 1846 elevó el censo hasta 97.000 electores (alrededor del 1 por 100 de la población), de los cuales sólo emitieron el voto 64.548 en los últimos, comicios que presenció Balmes.

Era, pues, una minidemocracía.

El escepticismo balmesiano sobre el principio mismo del sufragio era considerable:

«cuando vemos a ciertas personas, candidas en extremo, imaginándose que en las urnas electorales está todo nuestro porvenir, parécenos contemplar una de aquellas escenas supersticiosas en que un iluso se entrega a sus combinaciones de letras y de signos para adivinar los sucesos futuros».

Pero todavía eran mayores sus dudas sobre la pureza. electoral:

«la voluntad de los pueblos: ¿quién os podrá decir que el resultado de las urnas la expresa genuinamente? Cuando se verifica la elección, todos los partidos se achacan recíprocamente intrigas y cohechos».

Y llega a afirmar:

«En todas las épocas se ha notado que la mayoría de las Cortes ha salido, a poca diferencia, del color que el Ministerio deseaba».


La decisiva influencia de los Gobiernos sobre los resultados electorales es una constante bien conocida del siglo xix español. Y junto al fraude, denuncia indignidad de las campañas electorales:

«es necesario no haber visto nunca de cerca esas cosas para ignorar que se miente sin pudor, qué se calumnia sin miramiento, que se adula con bajeza; es necesario no tener otras ideas que las miserables vulgaridades de ciertos libros para ignorar que. el medio más seguro para no acertar en la elección es el de dar importancia, ni aun mediano crédito, a lo que escriben plumas interesadas».

La conclusión es francamente desfavorable:

«la ignorancia y la malicia falsean, pues, por su base el derecho electoral; la libertad política por él expresada pesa en. la balanza de la razón mucho menos de lo que se cree».

Pero Balmes no es partidario del puro y simple retorno a la Monarquía absoluta. Desea integrar en la tradición el espíritu del tiempo, e incorporar a los estamentos clásicos una representación de la burguesía. Balmes se pronuncia en favor de un sufragio por distritos, en el que sólo

«serían electores un cierto número de vecinos, mayores contribuyentes».

Propone, por ejemplo, que para una población de hasta 100.000 habitantes ejerzan el derecho de voto 128, es decir, un 0,13 por 100.

Tampoco era Balmes muy entusiasta del parlamentarismo. El principio mismo le parece problemático:

«la infecundidad de la discusión para todo lo que sea gobernar, es un hecho enseñado por la razón, probado por la historia y confirmado por la experiencia...,. de una reunión de hombres estimables por su sabiduría y discreción puede muy bien resultar una asamblea insensata».

A esta objeción lógica se une la histórica:

«Si las Cortes no han de ser otra cosa que una arena donde luchen la ambición y demás pasiones o, cuando más, un liceo donde ostenten sus talentos y saber algunos oradores ilustres, sin que de tanto aparato descienda hasta los pueblos una sola gota de provecho, bien claro es que todos los hombres que no estuviesen interesados en figurar dirían para sí: ¿de qué sirve todo eso?». 

La fórmula de Balmes era una Cámara alta de obispos, proceres hereditarios,

grandes propietarios y notables; y una Cámara baja, integrada por pro-

pietarios con rentas procedentes de bienes raíces y superiores, a 2.0.000 reales anuales.

Según Balmes, la función de las Cortes debe reducirse a

«otorgar los tributos a intervenir en los negocios arduos".

No están, pues, concebidas ni como depositarías de la soberanía, ni como fuentes de toda decisión legítima, sino como custodios del patrimonio colectivo y voz cualificada en coyunturas de excepción.

El esquema balmesiano de la representación suponía una aproximación de la fórmula moderada a la tradicionalista. Y no era una posición dictada por dogmas apriorísticos, sino por la práctica electoral y parlamentaria desde 1812.

2, Los partidos políticos


Los partidos políticos españoles tienen su origen en la división entre «realistas» y «liberales» que se produjo en las Cortes de Cádiz. Pero, a diferencia de lo que sucede en otros países, nuestros partidos no se consolidan; unos se extinguen, aparecen otros nuevos, y se suceden las integraciones y fraccionamientos. Este hecho, y la insuficiente bibliografía dificultan extraordinariamente el conocimiento del tema.

Balmes es el primer estudioso de nuestros partidos. En 1844 publicó su extenso ensayo Origen, carácter y fuerzas de los partidos políticos en España, al que hay que añadir artículos monográficos sobre el partido carlista y otros. Balmes presenta una clasificación cuadripartita. Enumera, en primer lugar, a los «realistas exaltados» o partidarios del antiguo régimen; y luego, a los «moderados» que aplican los principios liberales con mesura; a los «parlamentarios», que son un sector avanzado de los moderados; y a los «progresistas», que son los representantes del radicalismo liberal.

El esquema balmesiano, aunque fundado en la realidad, es más lógico y racionalizador que histórico y descriptivo. En el seno de cada una de las cuatro familias políticas se dan subdivisiones tan rotundas como la que, dentro de los realistas, separa a los carlistas de los isabelinos.

Durante el período en que Balmes se ocupa de la cosa pública, los dos partidos más importantes, definidos y duraderos son el progresista, que en su momento triunfal acaudilla Espartero, y el moderado que alcanza su plenitud bajo la jefatura de Narváez. Como un puente minoritario entre el Estado isabelino y el proscrito partido carlista están los monárquicos capitaneados por Viluma.

Los protagonistas de los acontecimientos que Balmes enjuicia y trata de encauzar son los partidos y sus hombres. De ahí que Balmes les dedique cientos de páginas. Los partidos no son su tema monopolístico; pero sí el predominante en sus escritos políticos.

La descripción baltnesiana del sistema es casi tenebrosa, y los juicios de valor son extraordinariamente negativos.

El reproche inicial es el de la fragmentación: entre los  

«nombres que significan los partidos principales podrían intercalarse muchas otras denominaciones que expresan varias clases en las que subdivide cada uno de ellos».

Por eso acusa a sus dirigentes de predicar

"todavía más odios, todavía más rencores, todavía más división y subdivisión de los partidos, todavía más obstáculos a la reconciliación de los españoles, todavía nuevas denominaciones que caractericen y eternicen las banderías».

La partitocracia ha producido la atomización de la clase política y una insolidaridad generalizada.

Contra la tesis progresista, Balmes cree que el problema de España no es «la prepotencia de las jerarquías», sino que, «a fuerza de individualizarlo todo, la sociedad ha quedado como pulverizada».

Una primera consecuencia de la fisión partitocrática es la flaqueza:

«dando una mirada sobre la actual situación de los partidos, lo primero que se echa de ver es su debilidad extrema, su postración completa; todos pretenden ser fuertes..., pero todos son flacos».

Por eso «tratan de transigir con las pasiones de todos los bandos, y al fin no consiguen otra cosa que ser odiados de todos, viéndose en la necesidad de sucumbir al primer choque».

Y concluye: «¡Triste espectáculo el que presenta la lucha de dos partidos, cuya respectiva fuerza se cifra en la debilidad de su adversario».

Y es precisamente la debilidad la que engendra la violencia:

«La legalidad es la fórmula sin un sello sagrado. Los partidos se sujetan a la fórmula mientras la fuerza les obliga a ello; pero en cuanto se creen bastante poderosos para luchar descienden al terreno de los hechos».
Las Constituciones son constantemente transgredidas; pero no sólo desde la oposición, sino también desde el Gobierno. 

Incluso «todavía no se ha podido conseguir que las dos fracciones del partido liberal se pongan de acuerdo en lo tocante a la Constitución, y acepten sinceramente este terreno para luchar únicamente con armas legales».

Contrariamente a lo que predican los demagogos, el debilitamiento del poder no ensancha el ámbito de libertad del ciudadano; lo cierto es que la debilidad inclina a la «arbitrariedad y el despotismo», dos vicios muy característicos de los partidos en crisis.

Balmes niega representatividad a los partidos, como consecuencia del sistemático fraude electoral; pero, además, porque degeneran en oligarquías.

Es lo que él llama «el monopolio de las pandillas» que «alternativamente han gobernado al país». Los intereses nacionales quedan al margen.

«El pandillaje es una compañía de seguros mutuos: la fórmula del contrato es apóyame y te dejaré hacer. Pacto sencillo; pero peligroso».

Y se llega a esta situación precisamente porque las oligarquías de los partidos carecen del apoyo de la nación. La representatividad del sistema es una ficción. No es verdad que los partidos sean portavoces del pueblo, son instrumentos para que un grupo conquiste el poder.

Acusa, además, Balmes a los partidos de «afición a utopías galanas» importadas del extranjero; pero sobre todo de negativismo:

los partidos están «dominados del pensamiento de ataque, cuidan principalmente de asestar bien los tiros, y esgrimir sus armas con destreza y valentía. Parécenos, no obstante, que al lado de la idea que apellidaremos negativa, sería útil conceder más lugar a la positiva, y que al señalar con generosa resolución lo que no se quiere, se formulase con más precisión lo que se quiere».

La tensión de la lucha y el instinto de conservación del poder apenas dejan, tiempo para administrar. Lo primordial es aniquilar o inutilizar al enemigo. No en otra cosa consistió el ataque a Olózaga que permitió a los moderados una década de hegemonía.

Balmes denuncia las «pasiones y mezquindad de los partidos», «las recriminaciones, la desconfianza, la irascibilidad, la perfidia y las turbulencias», la «gritería, baldones y denuestos», «la insolencia» y la «perversidad e impotencia».

Balmes saca las consecuencias:
 

los partidos están desprestigiados porque «todos han sido impotentes para labrar nuestra prosperidad, para asegurar nuestro sosiego», ya no les bastaría reorganizarse, sino «regenerarse».

La consecuencia de su fracaso ha sido la inestabilidad política:

«anarquía gubernativa permanente, anarquía popular intermitente, gobierno de pandillas, esfuerzos periódicos para destruirlas, un desgobierno continuo, y una revolución todos los años».

«Deplorable facilidad de cambiar de Gobiernos y sistemas»; no ha habido «en toda esta época ningún Gobierno que contase con estabilidad y firmeza, puesto que, hasta en los intervalos de paz, aún se mantenía la actitud de quien siente temblar la tierra bajo sus plantas».

El Estado era la tela de Penélope:

«Y eso que la duración media de un Gobierno entre 1843 y 1854, nueve meses, señala la máxima estabilidad del siglo, después de la Restauración».

Y los hubo de horas, como el Gabinete Cleonard.

Inestabilidad no entrópica, sino dinámica, constantemente renovada.

«Las personas varían, los sistemas se modifican, y jamás se encuentra la tranquilidad tan deseada: las fracciones políticas se alian y se hostilizan, se coaligan, y se separan; pero ni sus guerras ni sus paces, ni su unión ni su división, producen otro resultado que mantener este desgraciado país en agitación continua, impedir su reorganización y hacer imposible la ejecución de todo pensamiento de Gobierno».

Es decir, que los partidos son, al fin y a la postre, los responsables máximos, los verdaderos protagonistas de la desventura nacional, o lo que, con incisiva metáfora, llama Balmes «la pila galvánica» que provoca la «conmoción ficticia, improvisada y engañosa» de España.

Tampoco en esta ocasión la propuesta balmesiana es la tajante de restaurar el antiguo régimen. Acaso le parecería la conveniente, pero no la históricamente viable.

Lo que Balmes propondrá incansablemente es ampliar la base mediante la «reconciliación sincera de todos los españoles».

Y, como primer paso, la integración de los carlistas en el Estado. Ello acabaría con la guerra civil, y fortalecería al sector tradicional. Entonces también los reformistas tendrían que aglutinarse. Era una especie de canovismo avant la lettre; pero en versión contrarrevolucionaria. Y sobre todos, una autoridad robustecida, el Trono.

3. La inflación política


Gabriel García Tassara, poeta y diplomático, es uno de los. periodistas moderados más notables del siglo XIX. Entre sus artículos, a veces de polémica mordacidad, hay uno titulado La politicomanía, cuya tesis es que

«la política es la gran enfermedad de nuestra época... deja en un estado de debilidad perpetua las partes que ataca, trastornando la cabeza como una olla de grillos, y suelta la lengua como un reloj sin cuerda».

La politización de las minorías, que es la consecuencia directa del régimen de partidos, la denunciaron los gobernantes preocupados por la eficacia, como Santillán y, sobre todo, Bravo Muríllo; pero ninguno llegó tan lejos como Balmes en el diagnóstico y en el repudio.

«El ocuparse mucho de política suele ser para los pueblos un mal grave»,

piensa Balmes; pero su preocupación no es tanto nacional como elitista. Su reproche se dirige preferentemente a los profesionales de la cosa pública, a los hombres de partido.

El mal consiste en

«tratar demasiado de política: siempre están con los ojos en el Gobierno, siempre sobre las formas políticas, asemejándose al que se entretuviera siempre en contemplar y retocar una máquina, y no cuidase cual debe de la elaboración de las manufacturas».

Este es el panorama que contempla:

«la política: mientras veamos que así el Gobierno como las Cortes se ocupan de ella con preferencia, mientras en las discusiones de la prensa y de la tribuna miremos arrumbadas las cuestiones de administración y de mejoras positivas, para disputar sobre la legitimidad de este o de aquel poder, la conveniencia de la mayor o menor latitud en las leyes orgánicas y otros puntos semejantes, estemos seguros que la revolución continúa todavía, que estamos condenados a presenciar la lucha de las pasiones, no de la inteligencia».

Y enumera las razones de la condena:

«Repetidas veces hemos sostenido la urgente necesidad de salir del terreno de la política, de ese terreno ardiente donde caben todas las malas pasiones ... donde se consumen inútilmente las fuerzas del poder y de los pueblos; donde se malogran tantos talentos que encarrilados en ocupaciones científicas y artísticas podrían ser al país de alguna mayor utilidad de lo que le son ahora, poniendo en peligro el orden público, entorpeciendo la marcha del Gobierno, haciendo imposible la estabilidad».

La propuesta balmesiana está en la línea de la eficacia tecnocrática, algo que hasta entonces no habían producido, ni siquiera excepcionalmente, las instituciones demoliberales. Con ello el filósofo vicense se anticipaha en más de un siglo a la moderna ciencia política.

«No son peroratas lo que necesitan los pueblos para ser felices, sino buen gobierno, buena administración».
Y por ello, «conviene, pues, lo más pronto posible... salir del terreno político y pasar a ocuparse de otras materias donde puedan realizarse mejoras positivas, prácticas, que desciendan hasta aquella parte del pueblo que trabaja, paga, sufre y calla: es menester más práctica, más positivismo».

Y lógicamente, se pregunta «si hay gobernación posible cuando se nombra ministros del ramo a personas que no son especiales en él».
Frente al procesalismo u obsesión constitucionalista, Balmes pide buena administración; frente al retoricismo, pragmatismo utilitario; y frente a los politicastros, expertos.

Es la posición en la que luego se situará Joaquín Costa; pero que no encontrará fundamentación teórica y su realización hispana hasta la segunda mitad del siglo XX.

Es revelador que los defectos que los observadores finiseculares encontrában en el Estado español de su tiempo y que consideraban como una corrupción de las instituciones demoliberales aparezcan desde los orígenes del sistema, hasta el punto de que la sociología nos los revele como prácticamente inseparables de él. Esta hipótesis la confirma el hecho de que en un momento culminante del demoliberalismo, como el de las Cortes de 1868, el retoricismo y la obsesión constitucionalista alcancen uno de sus más elevados niveles.

IV CRÍTICA DEL TESTIMONIO BALMESIANO

El análisis balmesiano del Estado demoliberal entre 1833 y 1847, así como sus juicios sobre la crisis del antiguo régimen, figuran entre los menos utilizados por nuestros historiadores. Son, ciertamente, una sentencia muy desfavorable no para la sociedad española, aunque sí para un sistema.

Esta fuente ¿ha sido preterida por la razón objetiva de que es falaz, o por la subjetiva de que contradice a los panegiristas de las instituciones demoliberales?

Se impone una crítica del testimonio balmesiano.

¿Es inteligente? Balmes es una de las mentes españolas más lúcidas del siglo XIX. Su potencia analítica es fina y profunda, tanto en el nivel de la experiencia como en el de los conceptos. Su pequeño libro El Criterio es un modelo de transparencia y de lógica. Y la Filosofía fundamental es la obra de una mente poderosa y de altiva capacidad sintética. ¿Iba a comportarse de otro modo al describir y enjuiciar los acontecimientos políticos de su tiempo? Evidentemente, no.
¿Es objetivo? La metafísica de Balmes consiste en un realismo objetivo, apoyado en el principio «la verdad es la realidad de las cosas». Sus escritos especulativos están literalmente trufados de interpretaciones de filósofos antiguos, medievales y modernos. Siempre se acerca a los textos ajenos con voluntad de penetración exacta y veraz. Hay, más que un propósito de antagonismo, una predisposición comprensiva. Su honestidad en la polémica es ejemplar. Su visión de la Historia, y singularmente de la tensión entre el catolicismo y ei protestantismo, es luminosa y fiel. Sus esquemas más generales están amarrados a los hechos con una severa servidumbre fáctica. ¿Iba a comportarse de manera diferente el escritor político? Resulta difícilmente pensable.

¿Es radical? Balmes es un filósofo ecléctico. Sus soluciones metafísicas tienden a la síntesis y al compromiso. Aspira a la superación dialéctica de las antítesis. En su técnica afirmativa dominan los matices, y no rehuye la duda allí donde no llega la certeza. No fue distinto en política. Su más firme iniciativa, la del matrimonio de Isabel II con el conde de Montemolín, era puro sincretismo. Y sus fórmulas constitucionales son siempre un pacto entre la tradición y la revolución. Este espíritu arbitral y ecuánime ¿por qué iba a radicalizarse al describir el Estado de su tiempo?
¿Es independiente? Su apartamiento de la filosofía aristotélico-tomista, que era la oficial de la Iglesia, constituyó, en un sacerdote, un grito de independencia casi temerario. Su combatida defensa de Pío IX es la prueba de la imparcialidad connatural a su ánimo. Balmes nunca aspiró a un cargo político. Bajó al agora, con armas conceptuales, por motivaciones patrióticas y apostólicas, personalmente desinteresadas. Llevó su independencia hasta el punto de ambicionar la soledad, y a este propósito responde la fundación de la revista La Sociedad. Su más cercano biógrafo subraya «la habilidad del que supo colocarse sobre todos los partidos, con una independencia asombrosa».

Dejó de ocuparse de la cosa pública, a pesar de la insistencia de sus amigos más afines. Fue siempre fiel a sí mismo, sin concesiones a ningún poder, aunque fuera tan avasallador como los de Espartero y Narváez, y sin dejarse alienar por ningún apriorismo de facción. Este campeón de la independencia ¿por qué iba a ser parcial al describir el juego de las instituciones de su época? Es del todo inverosímil.

En resumen, el testimonio de Balmes es uno de los más fidedignos que cabe manejar para conocer los rendimientos del demoliberalismo en España hasta los comienzos de la década moderada. Que revele una realidad más o menos grata es otra cuestión. Toda interpretación de la época que ignore el lúcido, aunque cronológicamente limitado, testimonio de Balmes será insuficiente y truncada.


V C O N C L U S I Ó N


La idea balmesiana del Estado estaba muy cerca de la tradicional. Propugnaba un poder real fuerte y un sistema representativo orgánico y cualificado. Las instituciones demoliberales esenciales y típicas son el sufragio, el parlamentarismo y, sobre todo, los partidos.

Balmes no combatió el sufragio universal, porque apenas se pensó en él para España desde la muerte de Fernando VII hasta vencido el ecuador decimonónico.

Durante aquel período el problema electoral debatido era el de los límites del sufragio censitario; que llegó a ser restringidísimo. En cambio, sí atacó Balmes al parlamentarismo por su ineficacia retórica y por su constante estímulo a la división.

Pero el objetivo capital de la crítica balmesiana fueron los partidos políticos.

Vio en ellos la pieza inseparable del sistema. Porque ha habido demoliberalismo sin sufragio universal, y lo hay con parlamentarismo muy atenuado; pero no cabe demoliberalismo sin partidos. Al condenarlos y preconizar su sustitución por el consenso de la gran mayoría nacional, Balmes se definió de modo muy tajante.

Su rotunda hostilidad al sistema de partidosb le coloca indubitablemente frente al demoliberalismo. Los intentos de ínterpretarle de otro modo son inaceptables y carecen de convincente fundamento en los textos. Recordemos una de sus sentencias más concluyentes:

«no más Gobierno de partidos».

Con excepciones, casi siempre fugaces, como las de Cea, Mon, Narváez y Bravo Murillo, la época que se inicia a la muerte de Fernando VII y acaba en la Restauración, es uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia.

Balmes vive muy de cerca casi la mitad de ese tercio de siglo. Salvo la eficaz gestión de Bravo Murillo, que es posterior a la muerte del filósofo, éste conoce los momentos mejores, ya que una parte de su obra se escribe durante la década moderada, que es, relativamente, un oasis en el desierto de aquel período. Si su juicio del sistema fue tan condenatorio en una de sus manifestaciones menos desafortunadas, ¿cómo habría juzgado aquella I República en la que las instituciones demoliberales alcanzaron su más cabal desarrollo?

El testimonio de Balmes es una de las lecciones más dignas de ser meditadas por los españoles. En 1833, como en 1812, una parte de la clase política decidió proceder a la liquidación del Estado tradicional; y lo hizo. Balmes levantó acta de las consecuencias. Las situaciones se repiten. Hoy, como siempre, la Historia es la gran maestra de la vida de los pueblos.
Gonzalo   Fernández   de la Mora.



Manuel Durán y Bas  1823-1907


Diputado, senador y ministro de justicia, rector de la Universidad de Barcelona y uno de los más destacados miembros de la escuela jurídica catalana, es organicista y, consecuentemente, foralista. Su organicismo procede del tradicionalismo católico de Le Play a quien cita reiteradamente y, sobre todo, del historicismo de Savigny cuyo pensamiento le inspira como docente romanista y al que dedica el apologético estudio "La escuela Histórica" y cuyas conclusiones suscribe respecto a la intervención del "espíritu nacional" en la configuración del derecho. Durán critica el individualismo especialmente en su forma russoniana y entiende que

 "el elemento primitivo de la sociedad no es el individuo, sino la familia"


Postula "asociaciones voluntarias" que sean "la fuerza intermedia entre el individuo y el Estado". Pero no considera razonable pedir la resurrección de las antiguas Corporaciones; se trata de asociaciones benéficas, apostólicas, científicas y artísticas 

cuyos "representantes cooperarán con su acción privada, con su acción oficiosa", no como diputados investidos de representación oficial

Durán atribuye a Sismondi (aún no se había publicado el Cours de Ahrens) la teoría de la representación corporativa que considera racional en sus fundamentos y "no defendida por ningún orador en nuestra Asamblea", o sea, en las Cortes constituyentes de 1834; pero no la hace suya y, en cambio, propone un bicameralismo. La Asamblea popular elegida "por provincias" a través del sufragio limitado...de...minorías ilustradas". El Senado, de extructura mixta, compuesto de miembros elegidos mediante voto censitario, de miembros designados por los altos cuerpos y de alguno "por mderecho propio". Durán conoce bien el krausismo a través de Ahrens, a quien califica de "escritor de clarísimo ingenio", y de Tieberghien; pero aunque le reconoce un cierto "espiritualismo" lo rechaza por "contacto con el individualismo radical" y por otros dos básicos errores: "quebranta la unidad de nuestro ser" y "conduce derechamente al panteísmo". Durán es plenamente organicista en su concepción de la sociedad; pero solo lo es parcialmente en su esquema de la representación política.

Antonio Maura Montaner 1853-1925


Además de jurista, fue el gobernante de mayor talla del reinado de Alfonso XIII. Luchó por introducir la representación orgánica en los municipios, fuente de la democracia real. Arrancó de la convicción d que "una sociedad es un tejido y es un organismo" (Diario de sesiones del senado, 1903, pag. 582). En consecuencia, había que dar "una constituión orgánica" a los concejos. Es una cuestión procesal 

"no queremos hacer un tipo de ayuntamiento, sino un modo de representación". 

Y la fórmula arbitrada fue que una parte de los concejales procediese de la elección por sufragio universal, y otra correspondiese a los presidentes de cuerpos intermedios, o sea, asociaciones, corporaciones, gremios etc.

Así se lograba "combinar la representación colectiva con la individual". El principal argumento de Maura era el krausista: el voto atomizado o inorgánico no es suficiente porque conduce a que queden 


"confundidas en las masas de las mayorías y de las minorías cien aspiraciones, cien intereses, cien diversidades... para formar el iris de todo eso sirven las corporaciones"

En suma, junto a la representación ideológica, propia de los partidos, hay la corporativa que "encarna intereses". Con sus proyectos de ley (26-5-1903 y 31-5-1907) Maura trató de llevar al municipio la representación orgánica ya admitida para el Senado.


Nació y murió en Madrid. Político conservador, especializado en cuestiones económicas, sociales y agrarias. Fue diputado a Cortes por Soria 1899 hasta 1914; luego, senador del reino, director general de Agricultura (1907) y ministro de Fomento (1917) y Guerra (1921).

Perteneció a la Academia de Ciencias Morales y  Políticas. Publicista distinguido, escribió, entre otros libros, El oro, el crédito y la Banca, como  factores in'ernacionales y El enigma ruso y el ocaso del socialismo.

En La representación del país (Madrid, 1945), propuso un sistema de representación corporativa a través de un sistema bicameral (un Congreso con 200 diputados sindicales, 200 empresariales y 200 intelectuales, y un Senado con miembros de los Grandes de España, del episcopado, de designación real vitalicia, y de elección rural y sindical.


Miguel Primo de Rivera 1870-1930


Dio reiterado testimonio de sus convicciones organicistas en los momentos constituyentes de la Dictadura.. En el Manifiesto de 5-7-1926, después de condenar el sistema parlamentario en su forma actual, afirmó que en la futura Asamblea Nacional estarían representados con debida ponderación todas las clases e intereses. Y así fue, el decreto de 12-7-1927 creó una Asamblea Nacional Consultiva integrada por representantes de los municipios, de las provincias, de la Unión Patriótica, del Ejército, de la Iglesia, de la Justicia y los Consejos así como de las corporaciones (Academias, Institutos y Universidades, Cámaras, Sindicatos...). Y en el anteproyecto de Constitución presentado al pleno de la Asamblea por la Sección de leyes constituyentes en julio de 1929 se establecía en el artículo 58 que la mitad de los diputados de las Cortes serían designados por sufragio universal, treinta serían vitalicios y el resto "elegidos en colegios especiales de profesiones o clases".

"El primer paso en la colaboración activa del PSOE con la dictadura lo dio Manuel Llaneza, de la UGT, al reunirse el 2 de octubre con el general Bermudez de Castro y con el mismísimo Primo de Rivera, que según testimonios se personó inesperadamente en la reunión, para hablar de los conflictos mineros.
El Socialista se apresuró a publicar: 

"No corre peligro ninguna conquista legítima de las alcanzadas por los trabajadores"
Juan Carlos Girauta: La verdadera historia del PSOE


Embalse construido durante la dictadura de Primo de Rivera



"En menos de siete años que duró su gobierno: 
-Terminó con la guerra de Marruecos.
-Puso orden en España; se acabaron las huelgas y el terrorismo. 
-Se pararon los desmadres autonómicos.
-Se saneó la Hacienda lo suficiente para poder desempeñar del Monte de Piedad, con el
sobrante, los patrimonios de los más necesitados.
-En obras públicas se hizo la primera red importante de carreteras y los primeros paradores de turismo, así como los primeros e importantísimos embalses.
-Las exposiciones universales de Sevilla y Barcelona. Esta última, en la montaña de
Montjuich, que no era sino una fortaleza militar, y se convirtió en un parque lleno de jardines, entre los que aparecía «El Pueblo Español» y una piscina olímpica.
-La Sociedad de Naciones, en un reconocimiento universal a la obra de la Dictadura, se reunió en Madrid, sin que nadie echara de menos a la democracia, lo que fue como si ahora se reuniese aquí la Asamblea General de la ONU o el Mercado Común, que, a pesar de estar nosotros por fin en democracia, no nos hacen más que desprecios.
-Promocionó también las primeras mujeres en la Administración, tales como la Vizcondesa de Llanteno, María Echarri y Nieves Sáenz de Heredia, en el Ayuntamiento de Madrid, como otras en las demás provincias".
Pilar Primo de Rivera: Recuerdos de una vida.




La dictadura de Miguel Primo de Rivera no fue un mero interregno entre la Restauración y la Segunda República, sino un período donde se debatieron, elaboraron y experimentaron todo un conjunto de proyectos sociales y políticos, tanto de raíz autóctona, como europea, que influirán decisivamente en los años posteriores, época republicana y franquista.

Si la dictadura de Primo de Rivera es la consecuencia del colapso del sistema de la Restauración, conviene recordar que éste se produce en el marco de una crisis generalizada del modelo político, social y económico liberal en toda Europa tras la Primera Guerra Mundial.


Esto  explicaría  las  discusiones  sobre  nuevos  modelos  sociales  alternativos al  liberalismo  que  se  extienden  por  España  y  toda  Europa  dentro  de  lo  que Maier definió como un intento de refundar la Europa burguesa, dando "nueva cohesión al orden social… al mismo tiempo que los europeos buscaban la estabilidad… ellos mismos creaban nuevos ordenamientos institucionales… la evolución hacia el corporativismo entrañó un declive del Parlamento…".

Bien  es  verdad  que  aunque  Primo  de  Rivera  pretendiera  crear  a  partir  de 1926, fascinado por el ejemplo italiano, no sólo un modelo de corporativismo social, sino un modelo de corporativismo político cuyo reflejo será el proyecto constitucional de 1929, lo cierto es que no había las condiciones sociales y políticas para la realización de un proyecto político autoritario cercano al fascismo italiano en aquellos años.

No obstante, durante el período dictatorial se forjarán los argumentos doctrinales que servirán de base a sectores de la derecha en el período de la Segunda República:  exaltación  del  mito  del  jefe,  estructuración  jerárquica  de  la  Unión Patriótica, concebida como un movimiento político integrador de tipo nacional, al margen de los partidos políticos tradicionales, teorías organicistas políticas y sociales, y sobre todo un concepto de Nación-patria dotada de una dirección moral, junto con un nuevo tipo de Estado coordinador
y director de la economía y la vida social.

En definitiva, la dictadura de Primo de Rivera supuso un experimento político nuevo, ante los problemas derivados del colapso del sistema liberal de la Restauración que aun incorporando determinados elementos del pensamiento tradicionalista y católico español (antiparlamentarismo, defensa de la familia y de la religión, rechazo de la lucha de clases y de las ideologías obreras, consideradas disolventes de la sociedad), introduce conceptos modernizantes como el papel del Estado autoritario, coordinador y regulador de las actividades económicas y sociales.

La  dictadura inició una propuesta corporativa y autoritaria que superase el viejo modelo liberal oligárquico, pero, como dijo su ministro de Trabajo, Aunós: 


"En aquella España de 1926 una estructura corporativa totalitaria hubieses chocado contra los prejuicios liberaloides de la burguesía… y de las clases obreras desorganizadas y sometidas al vasallaje de ideologías antinacionales…" .

Extractos de Miguel Ángel Perfecto: El Corporativismo en España.


Eduardo Aunós Pérez 1824-1967
El corporativismo primorriverista fue obra de Eduardo Aunós, subsecretario y más tarde, ministro de Trabajo, un hombre miembro de una familia conservadora acomodada de Lérida, de formación krausista, que había sido secretario de Cambó. Aunós recibe la doctrina organicista a través de una triple fuente, el krausismo, el nacionalismo catalán y el catolicismo social francés y español, además su observación sobre los mecanismos paritarios para la resolución de los conflictos sociales, experimentados en Cataluña, tras su puesta en marcha por el Instituto de Reformas Sociales le prepara para encarar uno de los grandes problemas de las élites gobernantes: la resolución del conflicto social mediante
fórmulas de armonía social que reduzcan los efectos del problema social y desactiven al movimiento obrero políticamente organizado.


Por otra parte, Aunós fue un gran estudioso de todas las fórmulas autoritarias y totalitarias que se extendían en la Europa de entreguerras, sus relaciones personales  con  el  gran  teórico  del  corporativismo  italiano  Bottai  lo  prueban, igual  que  sus  lecturas,  e  influencias de la Carta de Carnaro, obra del poeta prefascista D’Annunzzio, los escritos de Alfredo Rocco, o de los escritores alemanes como O. Spann u Otto Gierke, inspiradores del nuevo Derecho alemán, tras la asunción del poder por Hitler.


El nacionalismo europeo de los años 20 recoge las doctrinas románticas que identifican Estado, Sociedad y Nación, junto al organicismo como fórmula de estructuración  social.  Pero,  al  mismo  tiempo  asume  el  pensamiento  burgués sobre la necesidad de las élites y la jerarquía social, junto al sindicalismo revolucionario y las doctrinas racistas.


Este  conjunto  heterogéneo  de  planteamientos  básicamente  antiliberales  y antiparlamentarios  se  presenta  como  una  doctrina  modernizadora  del  orden social y político frente a un liberalismo en retroceso, incapaz de adaptarse a los enormes cambios que siguieron a la primera conflagración mundial.


Todo lo cual nos revela en Aunós a un hombre en posiciones diferentes al tradicionalismo y catolicismo social español, y al contrario, inserto dentro de la  gran  corriente  autoritaria,  antiparlamentaria  y  antiliberal  que  se  extiende por Europa, tras la Primera Guerra Mundial. Su propia trayectoria durante la Segunda República y el primer franquismo donde milita en la derecha nos lo confirma, y su modelo corporativo social sirvió de base al sindicalismo franquista, en mayor medida (según la opinión personal de este autor) que el proyecto sindical de la Falange.


El experimento corporativo primorriverista se inicia con el Decreto-Ley de Organización Corporativa Nacional de 26 de noviembre de 1926 y culmina con el Decreto-Ley sobre Organización Corporativa de la Agricultura de 12 de mayo de 1928. El esquema doctrinal del corporativismo primorriverista parte de la necesidad de solucionar la llamada «cuestión social» mediante la intervención del Estado en los problemas sociales, encuadrando la clase obrera y patronal en estructuras –no sindicales– de conciliación obligatoria.



Se ha especulado mucho sobre la influencia católico-social en la estructura corporativa española a partir de las propias declaraciones de Aunós sobre las aportaciones del catolicismo social francés y español a su proyecto, e incluso sobre las indisimuladas simpatías de la élite católica social española desde su órgano de expresión, El Debate.

Sin embargo, un estudio completo tanto de los textos corporativos escritos por  los  hermanos  Aunós,  sus  relaciones  personales,  así  como  la  trayectoria posterior  en  la  República  y  el  franquismo,  como  ya  hemos  indicado,  no  nos permite afirmar el carácter católico-social del corporativismo primorriverista.


Como hemos defendido en otros ensayos, el proyecto corporativo de la dictadura obedece a otros supuestos ideológicos; si para el catolicismo social del siglo XX el principio básico era la subsidiaridad del Estado, el modelo primorriverista se basa, al contrario, en la preeminencia del Estado en la vida social y económica. 


"Corresponde al Estado, decía Aunós, una función ética en la que  el moderno Estado Social tiende a superar los supuestos del Estado Liberal y abstencionista...".

El modelo de Estado Corporativo de Aunós partía de la idea de la estructuración del país como una organización de "productores" por parte de un Estado fuerte que armoniza intereses y controla todas las actividades humanas "desde las más espirituales hasta las más predominantemente manuales".


Dicho Estado se caracterizaría por el sentido de la disciplina, impuesta por un Gobierno fuerte; el sentido de la jerarquía, entendida como estructuración social  de  la  ciudadanía,  y  la  ordenación  funcional,  es  decir,  la  sujeción  de todos  los  organismos  al  Estado  que  coordinaría  y  planificaría  la  vida  económica  y  social,  atendiendo  al  predominio  de  los  intereses  colectivos  sobre  los individuales.


Todo lo cual refleja un tipo de Estado intervencionista y organicista donde «nada de lo que tenga trascendencia en la vida social y afecte al interés colectivo quede al margen (del Estado)".


En  la  esencia  misma  del  experimento  corporativo  dictatorial  se  encuentra una nueva teoría del Estado 


"que no quiere darlo todo al individuo, ni reconocerlo como único factor capaz de decidir sobre sus destinos… pretende que el individuo actúe centrando su actividad dentro de los cuerpos especializados y representativos de su categoría de trabajo, y que estos cuerpos vayan a confluir en la organización y ordenación del Estado…".

El armazón del corporativismo social de Aunós partía del Comité Paritario, organismo  de  derecho  público  con  funciones  delegadas  del  Estado  estructurado como una asociación mixta de patronos y obreros, con un Presidente y un Secretario designados por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, no había dependencia entre las instituciones paritarias y las agrupaciones sindicales y patronales. Éstas se limitaban por ley a elegir a sus miembros en dichos Comités que los investían, después, como funcionarios públicos.

Entre las razones de esta peculiar estructura se encontraba el carácter marginal del sindicalismo en el modelo corporativo de Aunós, como éste subrayó repetidamente,  y  la  inexistencia  de  unos  sindicatos  del  régimen.  Por  eso  se insistió en la superación del sindicalismo, "residuo del liberalismo"  en el marco del  nuevo  Estado  Corporativo,  en  consecuencia,  sería  éste  quien  asumiría  la defensa  de  los  obreros,  armonizando  sus  intereses  con  el  interés  general  del Estado.  Y continuaba diciendo:


"Este contenido realista de la voluntad ética del Estado, que se traduce en el sistema y orden de las tareas objetivas que constituyen en su propia base las corporaciones autónomas del trabajo, ha de ser integrado… con la idea de autoridad…".

AunóS, Eduardo, El Estado Corporativo, Madrid, 1929, pp. 14 

Eduardo Aunós decía al respecto: 

"Nuestra época es esencialmente orgánica e intervencionista. La aspiración de los Estados es que nada de lo que tenga trascendencia en la vida social ya afecte al interés colectivo quede al margen…», en Estudios de Derecho Corporativo, Madrid, 1930, p. 49.

El Comité Paritario disponía de funciones legislativas en el ámbito laboral sobre todo la fijación de los pactos colectivos de trabajo que regulaban las relaciones de trabajo en un determinado sector industrial. Dichos pactos colectivos se  diferenciaban  de  los  acuerdos  entre  patronos  y  sindicatos  por  su  generalidad  ya  que  afectaban  a  todos  los  obreros  y  a  todos  los  patronos  del  sector, estuvieran o no representados en el Comité Paritario, y por su obligatoriedad, dado que era el Estado el que concedía una eficacia generalizada a los acuerdos celebrados. Además de las funciones legislativas, el Comité Paritario disponía
de facultades jurisdiccionales en materia de despido, creando una dualidad jurisdiccional con los Tribunales Industriales creados en 1908.


Los pactos colectivos de trabajo disponían de todas las características que la ley italiana de 3 de abril de 1926 especificaba para ellos. La diferencia más notable, en el caso español, se hallaba en que en España los pactos colectivos se realizaban en el marco de un organización suprasindical, tutelada y controlada por el Estado, mientras que en Italia se llevaban a cabo mediante las asociaciones sindicales fascistas de obreros y patronos.


El reparto de competencias judiciales entre los distintos escalones del sistema corporativo y la escasa formación jurídica de sus miembros llevaron a plantear al Ministerio de Trabajo la creación de auténticos Tribunales de Trabajo, en el marco del sistema judicial tradicional, similares a los que había creado el fascismo italiano, pero la caída de la dictadura imposibilitó su constitución .


Por último, el Comité Paritario tenía competencias sobre la formación profesional y sobre la elaboración de censos profesionales. Por encima del Comité Paritario, en una estructura jerarquizada que culminaba en el propio Ministerio de  Trabajo,  se  hallaban  las  Comisiones  Mixtas,  formadas  por  agrupaciones voluntarias  de  comités  paritarios  de  industrias  conexas.  Sus  funciones  consistían en juzgar las infracciones a los acuerdos de los comités paritarios o los despidos.


Los Comités Paritarios del mismo oficio elegían el Consejo de Corporación que  determinaba  las  condiciones  generales  de  reglamentación  del  trabajo; resolvía  las  reclamaciones  de  los  Comités  paritarios,  sancionaba  los  recursos presentados contra los acuerdos de los Comités Paritarios y finalmente asesoraba al Gobierno en cuestiones laborales. Había 27 Consejos de Corporación, distribuidos entre 10 Consejos del sector servicios, 15 del sector industrial y 2 para el sector de la minería. El esquema corporativo se completaba por arriba con la Comisión delegada de Consejos de Corporación, organismo asesor del Ministerio de Trabajo para cuestiones laborales.
Como puede comprobarse, el sistema corporativo no sólo era piramidal, con una  destacadísima  presencia  gubernamental,  sino  que  presuponía  una  nueva concepción según la cual el Estado descentralizaba sus funciones en el organigrama corporativo, de ahí a la expresión "unidad de poder y descentralización de funciones" del franquismo sólo hay un paso. 


La Organización Corporativa Nacional de 1926 que afectaba, esencialmente, al mundo del trabajo en la industria, se completó en 1927 con la constitución de la Organización Corporativa del Trabajo a Domicilio (20 de octubre de 1927) y la Corporación de la Vivienda (17 de octubre de 1927); la primera regulaba un sector, entonces muy importante de la producción (confección de ropa, calzado, guantes, géneros de punto, juguetería, joyería y platería, artesanía, etc.) y se estructuraba en Comités Paritarios de patronos y obreros con el objetivo de fijar un salario mínimo general que acercara el nivel salarial de sus trabajadores al de los obreros del sector industrial.

Para garantizar la aplicación de sus acuerdos se creaban Comisiones Mixtas Inspectoras, tuteladas por el servicio de Inspección de Trabajo y asesoradas por el Patronato del Trabajo a Domicilio formado por 4 vocales, representantes de las partes presentes en el Consejo de Trabajo (patronal, obreros, entidades culturales y Gobierno), más 2 vocales designados por las Asociaciones Protectoras del Trabajo a Domicilio.


Por  lo  que  se  refiere  a  la  Corporación  de  la  Vivienda  estaba  formada  de forma  igualmente  paritaria,  por  las  Cámaras  de  la  Propiedad  Urbana  y  las Asociaciones de Inquilinos y se ocupaba de la resolución de todas las cuestiones que afectaban a propietarios e inquilinos (contratos, uso de las viviendas), además  de  la  creación  de  mecanismos  de  cooperación  entre  los  dos  sectores como el seguro de pago de alquileres, los abastecimientos o la prevención de los conflictos entre propietarios y arrendatarios. En la cúspide de esta organización corporativa de la vivienda se hallaba el Consejo de la Corporación de la Vivienda, dependiendo directamente de la Dirección General de Corporaciones del Ministerio de Trabajo.


Por  último,  el  12  de  mayo  de  1928  se  aprobó  el  Decreto  Ley  de  Organización Corporativa de la Agricultura que pretendía dar cabida, según decía el preámbulo del decreto, a una institución mixta que agrupara a todos los intereses agrarios, procurando armonizar el criterio de unidad con el de la variedad típica de la organización social de la tierra. La tardía creación de la Organización Corporativa de la Agricultura se debió, según un especialista agrario de la época, a la complejidad de crear un sistema corporativo en el campo dada la diversidad de situaciones.


La  Organización  Corporativa  de  la  Agricultura  se  estructuraba  en  tres grandes Corporaciones, a su vez formadas por Comités Paritarios como en la industria: la Corporación de Trabajo Rural, que agrupaba a patronos y obreros agrícolas;  la  Corporación  de  Propiedad  Rústica,  formada  por  propietarios  y arrendatarios, colonos y aparceros; y finalmente, la Corporación de la Industria Agrícola,  integrada  por  productores  de  materias  primas  y  los  representantes  
de  las  industrias  agrarias;  de  esta  Corporación  estaban  excluidos  los  obreros de las propias industrias, sujetos al Decreto Ley de Organización Corporativa 

Nacional de 1926.
"salvo en Andalucía y Extremadura, tierras de latifundios donde se determinan con trazos vigorosos los grupos patronales y obreros, el cultivo del agro se diversifica en multitud de situaciones intermedias…"   

La puesta en marcha de la Organización Corporativa de la Agricultura tropezó con dos problemas importantes, en primer lugar, la definición de sindicato agrario  y  asociación  patronal,  algo  necesario  para  el  funcionamiento  de  los comités paritarios y la elección de los vocales que los integraban; y en segundo lugar,  el  procedimiento  electoral,  proporcional  o  mayoritario,  que  serviría  de base para elegir a los miembros de los comités.

En el primer caso, la definición de sindicato o patronal agrarios partía de una realidad en la que los sindicatos agrícolas de la época eran mixtos y por lo tanto tenían, según el decreto, que convertirse en organizaciones puras de empresarios o de obreros agrícolas. Por ello, el propio ministro de Trabajo planteó la puesta en marcha del Decreto en dos fases, una provisional, con agrupaciones paritarias  de  gran  alcance  territorial,  y  más  tarde,  se  irían  formando  poco  a poco los diferentes comités paritarios locales, interlocales y provinciales. En cuanto al modelo de elección de los vocales en el campo se diseñó un sistema proporcional para favorecer los intereses del sindicato socialista UGT, aliado del ministro de Trabajo, frente a la gran patronal católica, la CONCA, que defendió el mayoritario, como en la industria. De esa manera, la UGT tendrá la oportunidad de crecer en el campo español, mientras que el sistema mayoritario de la industria les permitía marginar a los sindicatos católicos y los libres.


Sobre  la  colaboración socialista con la  dictadura, y en  especial, su participación  en  el  sistema  corporativo  conviene  señalar,  lo  siguiente;  en  primer lugar,  el  objetivo  básico  del  sindicato  UGT,  desde  sus  inicios,  consistió  en  el mantenimiento de su organización a toda costa moderando, si era preciso, sus posiciones  reivindicativas;  en  segundo  lugar,  la  búsqueda  de  la  hegemonía sindical  frente  a  los  anarquistas  y  los  católicospara  ello  utilizarán  todos  los cauces que les ofrecía la dictadura, desde el Estatuto municipal de Calvo Sotelo, hasta la Organización Corporativa o la presencia en el Consejo de Trabajo y el Consejo de Estado, sin olvidar que existía dentro del sindicato y el propio PSOE una  corriente  corporativista  que  hundía  sus  raíces  en  el  krausismo  español


«Las  campañas  de  propaganda  iniciadas  en  1928  por  zonas  rurales…  fueron  la  base  sobre  la que se procedería a la definitiva constitución de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra… Para estos nuevos afiliados… ser socialista… consistía en implantar los comités paritarios…»,
 en Juliá, Santos, Los socialistas en la política española..., pp. 136 . 

 Puede leerse en Moral Sandoval, Enrique: 


"El primer objetivo que se proponen las organizaciones socialistas... consiste en proseguir se reestructuración general a todos los niveles, así como el mantenimiento de la organización ante el peligro real que representaba la Dictadura…", 

en «El socialismo y la Dictadura  de  Primo  de  Rivera»,  en  Juliá,  Santos  (ed.), pero también en el laborismo británico, la socialdemocracia austriaca, e incluso dentro de la propia Organización Internacional del Trabajo. En tercer lugar, la propia división del PSOE entre los que defendían que el sindicato era la correa de transmisión del partido, vanguardia del proletariado, de acuerdo con la especialización de tareas (Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, entre otros), y los que, en cambio, subrayaban la necesidad de una autonomía real del sindicato frente al partido e incluso la acción política del sindicato, como el propio sindicalismo británico (Largo Caballero y Luis Araquistain, entre otros) .

En definitiva, la estructura corporativa de la dictadura significó la puesta en marcha de un moderno Derecho del Trabajo, y el fin de las relaciones laborales individuales llevadas a cabo por trabajadores y empresarios, su influencia sobre los proyectos laborales republicanos, los Jurados Mixtos implantados por Largo Caballero y el propio sindicalismo vertical franquista es innegable.

Extractos de Miguel Ángel Perfecto: El Corporativismo en España

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Alhucemas; el primer desembarco anfibio de la historia
Jaime I
Escuadrilla del Dédalo en maniobras
Junker de la Cruz Roja en el desembarco de Alhucemas


















Portaaeronaves "Dedalo"

Autogiro de La Cierva despegando del portaaeronaves Dedalo




Francisco Franco
Carros de combate en el desembarco de Alhucemas
Francisco Franco



El político gallego José Calvo Sotelo [1893-1936] a
sumió la defensa de una “reforma económica” capaz de “tecnificar la política”; en ella, el Estado se convertía en
un agente al servicio del desarrollo económico general, a través de la industrialización acelerada, la racionalización fiscal, el fomento de la iniciativa privada, los planes de
infraestructuras.
Su organicismo político-social, aprendido de las
enseñanzas krausistas de G. de Azcárate, se conectaba en el maurismo con un liberalismo intervencionista capaz de erigirse en alternativa contrarrevolucionaria al socialismo.
Este organicismo ya se encuentra tras doctorarse en la Universidad Central de Madrid, con una tesis titulada El abuso del derecho como limitación del derecho subjetivo, publicada en 1917 con prólogo de Gumersindo de Azcárate. Tras recibir el premio extraordinario de doctorado, junto a Felipe Sánchez Román, fue invitado por el político conservador Ángel Ossorio y Gallardo a escribir en Vida Ciudadana, órgano del maurismo en el Ateneo de Madrid. De estos primeros escritos surgió su primer gran texto. 
El proletariado ante el socialismo y el maurismo (1915), dónde explicaba la necesidad de una reforma política de tipo corporativo (a nivel municipal, sindical y económico), para desactivar la lucha de clases generada por la Cuestión social.
Su meteórica carrera profesional (Oficial letrado del Ministerio de Gracia y Justicia en 1915, abogado del Estado en 1916 y profesor auxiliar en la Universidad Central entre 1917 y 1920), le llevó a la secretaría personal de Antonio Maura durante el gobierno de concentración que éste presidió en 1918 (el denominado Gobierno Nacional, mayo-noviembre de 1918). 
En él, Calvo Sotelo trabajó sobre un amplio proyecto de reforma del régimen local en sentido corporativo, de escaso eco ministerial pero que recuperó durante la Dictadura de Primo de Rivera. Como parlamentario por Carballino (Orense) en las Cortes de 1919, desplegó todo su arsenal contra el caciquismo, y a favor de la intervención estatal en el desarrollo económico y ante los problemas sociales. Así firmó, ese mismo año, el Manifiesto de la Democracia Cristiana promovido por Aznar, e integró su programa social en las Juventudes mauristas. 

Sergio Fernández Riquelme: Las décadas del pensamiento corporativo en España


José María Pemán  1897-1981
Pemán fue organicista. Durante el régimen del general don Miguel Primo de Rivera fue Secretario de la Asamblea Nacional, de cuya época data su libro El hecho y la idea de la Unión Patriótica, en el que hace una animada apología de la Dictadura y del dictador, lo cual no le impidió, muchos años después, en 1970, en su libro Mis almuerzos con gente importante, tomarse a chacota a la Dictadura y al dictador que tanto había encomiado. 

Afiliado a Acción Nacional, fue, más tarde, diputado por Cádiz, como monárquico independiente, en las Cortes republicanas de 1933. Al estallar el Alzamiento del 18 de julio, se adhirió, desde el primer momento, al bando nacional, desempeñando el cargo de presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, desde octubre de 1936, hasta que se constituyó el primer Gobierno nacional, en enero de 1938.  
 los hombres de Acción Española defienden el organicismo. José María Pemán, que llegó a ser presidente de la asociación propugna:

"la superación del estado individualista por el Estado orgánico... corporativo"
J.M. Pemán: El hecho y la idea de la Unión Patriótica 1929.

apoyado en "el reconocimiento de la agrupación natural humana en torno al bien común particular" .

Entre estas agrupaciones o sociedades intermedias destacan"el Municipio, asociación natural de personas y bienes fundada en relaciones de vecindad" y el gremio ;

"La verdadera Corporación futura, la que ha de asegurar plenamente el paso del Estado individualista al corporativo, tiene que ser aquella de tipo gremial, que agrupe em torno a una función objetiva -transporte, comercio, agricultura- a los varios elementos patronales y obreros".
J.M. Pemán: El hecho y la idea de la Unión Patriótica 1929.

Años después, sigue exigiendo  

"la reanimación y autonomía de los órganos y poderes intermedios de la sociedad, corporación, universidad, municipio, familia".
J.M. Pemán:  Cartas a un escéptico ante la monarquía 1935.

En consecuencia, Pemán considera "uno de los grandes errores" y "ficción mitológica" el principio de la representación nacional a través del sufragio universal inorgánico por la razón de que:

"un distrito, un conglomerado de sesenta o treinta mil individuos es una masa heterogénea de intereses e impulsos contradictorios, absolutamente irrepresentable""

 Y patrocina la "representación orgánica" porque "la designación de un representante hecha en el colegio separado, por un grupo de hombres ligados por un vínculo social o de intereses, es la única que puede tener verdadero carácter representativo".

El esquema culmina en "una cámara técnica, ponderada y orgánica"

HIMNO DE ESPAÑA (compuesto a petición de Miguel Primo de Rivera).

¡Viva España!             
alzad la frente
hijos del pueblo español
que vuelve a resurgir.
Gloria a la Patria
que supo seguir
sobre el azul del mar
el caminar del sol.
Triunfa España
los yunques y las ruedas
canten al compás
un nuevo himno de fe.
Juntos con ellos
cantemos de pié
la vida nueva y fuerte
de trabajo y paz. 
- Seguir leyendo: http://www.libertaddigital.com/opinion/jose-maria-peman/el-himno-nacional-41461/


Catedrático de Derecho Político y líder de las derechas durante la II República, aunque opuesto al totalitarismo si que aceptó la financiación de Benito Mussolini  para su partido CEDA, heredero de Acción Popular (la Acción Nacional fundada por Herrera Oria). 
"En España no habrá dictadura. ¡La CEDA no va a permitir el fin del régimen parlamentario!"

Precisamente, la mecha que provoca el levantamiento de las izquierdas es la entrada en el Gobierno de tres ministros de la CEDA el 4 de octubre de 1934. En realidad, los preparativos se venían haciendo desde la victoria de la derecha en las elecciones al Congreso, un año antes. Gil Robles, al que llamaban el Jefe, es para la izquierda la versión hispana de Dollfuss. Este político, líder del catolicismo austríaco, gana las elecciones de 1932 y, desde el poder, se dedica a desmantelar la democracia siguiendo el modelo fascista italiano.



A pesar de ser el partido más votado, el presidente de la república Alcalá Zamora se niega a encargarle la formación de gobierno a Gil Robles. El creador y líder de la CEDA nunca ha jurado lealtad a la República y para Alcalá Zamora no es digno de confianza. También hay otro motivo. Gil Robles es de derechas, católico y hombre de orden, como Alcalá Zamora. El presidente ve en él a un recién llegado que puede ocupar el espacio político que el veterano moderado quiere para sí mismo.



Sin embargo, Gil Robles no se define entonces como antirrepublicano, se limita a transigir con la forma de Gobierno. Su objetivo era cambiar el sistema desde dentro, respetando la legalidad republicana. Tras el fracaso de las sublevaciones asturiana y catalana, el camino de Gil Robles hasta el Ministerio de la Guerra es más sencillo, tomando posesión el 6 de mayo de 1935.
Gil Robles condenó:

"un exceso de democracia y un parlamentarismo que está hundiéndose en el mundo entero"
Alocución radiada de 1933 en Discursos Parlamentarios, Madrid 1971.

El duodécimo de los puntos programáticos de las juventudes gilroblistas o JAP decía:

"Antiparlamentarismo. Antidictadura. El pueblo se incorpora al gobierno de un modo orgánico y jerárquico, no por la democracia degenerada".

Ésta fue la consigna de la campaña electoal de 1933:

"La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista del Estado Nuevo. Llegado el momento el parlamento se somete o le haremos desaparecer" 
Discurso del Monumental Cinema 1933.


Publicidad y concentraciones de masas de estética claramente influenciada por el fascismo italiano. Hay que matizar que esta influencia se produjo también en los partidos de izquierdas. (Los militantes que se observan en la formación portaban machetes en los cinturones. Portar armas era normal en las juventudes de los partidos políticos en aquella época.).

Como remedio propuso un bicameralismo:

"Al lado de los parlamentos de ideología, es necesario crear la representación de intereses. Es urgente establecer un Consejo de Economía Nacional, en el que estén representados todos los intereses económicos del país, los propietarios y también los obreros"
Conferencia 1935.

Su propuesta durante el debate constituyente de 1931 fue un Senado compuesto de cien miembros elegidos por las provincias, cincuenta por los obreros y los patronos, cincuenta por las profesiones liberales, y otros cincuenta por las Universidades, instituciones culturales y confesiones religiosas. Era un cámara colegisladora típicamente corporativa.

Creador de la CEDA y uno de los principales líderes de la derecha durante la Segunda República, pasará a ser víctima política del fuego cruzado al no decantarse claramente ni a favor ni en contra del Alzamiento Nacional del 18 de julio 1936. Probablemente por haber perdido el control personal sobre el Alzamiento.


Lo más vivo de la aportación de Vegas y de Acción Española es una reactualización de la interpretación histórica dé Menéndez Pelayo, y la teoría de la democracia orgánica cuya fuente estaba en el idealismo alemán y muy especialmente en Krause y sus discípulos hispanos.

En su libro Consideraciones sobre la democracia (1965),
Vegas dio el título de «Democracia orgánica» a un capítulo de
catorce páginas. Empleó, pues, la expresión, aunque no le acaba-
ba de gustar porque Maurras, en uno de sus malabarismos dialécticos, afirmó que democracia y organización eran incompatibles; pero Vegas reconoce que 
«es mucho más fácil y menos comprometido adherirse a la 'democracia orgánica' a pesar de la antinomia profunda que encierra la expresión». 
Es decir, que Vegas da por útil la fórmula. Y digamos entre paréntesis que la antinomia denunciada por Maurras no existe, porque si democracia es la participación de los gobernados en el gobierno, es evidente que pueden participar organizada o desorganizadamente. Y el modo de participar más organizadamente es la representación política a través de los cuerpos intermedios. La esencia procesal de la democracia orgánica es el voto orgánico o corporativo. Y respecto de éste escribe Vegas: 
«La representación profesional u orgánica, además de reflejar de manera más adecuada la realidad del país, elevaría el nivel cultural de los elegidos». 
El modelo de representación política preconizado por Vegas era, pura y simplemente, lo que la doctrina suele denominar democracia orgánica; pero lo que importa no es el nombre sino el contenido Vegas estudió a fondo la importante obra de Madariaga Anarquía o jerarquía (1934) y la citó con reiteración. En esa obra, Madariaga formulaba su proyecto de democracia orgánica y, como he demostrado en un libro reciente, Madariaga era en esta materia un epígono del krausismo, lo cual prueba que Vegas recibió un influjo indirecto de Krause, por lo menos, a través de Madariaga. Pero hay más; Vegas reconoció reiteradamente el magisterio de Mella y  tenía noticia del organicismo krausista.

No veo razón alguna para considerar como inconfesable y negativo el hecho de haber aprendido, directa o indirectamente, algo de un krausista. El krausista Ahrens era un estudioso de gran talento al que se debe una de las elaboraciones más inteligentes y completas de la teoría orgánica de la sociedad y de la representación, que luego defendió, entre otros, Vegas. Hoy, ser organicista y no querer leer a Ahrens sería como ser comunista e ignorar a Marx. Y esto lo declaro, como es notorio, desde unas posiciones filosóficas que están a distancias siderales de la metafísica krausista. Saber es distinguir, y no hay
peor método que el reduccionismo y la globalización.
El modelo constitucional de Vegas apenas tiene ya viabilidad patria, porque la Iglesia postconciliar ha renunciado a la confesionalidad del Estado y ha aceptado el pluralismo ideológico. Y, además, porque la realeza se ha pronunciado a favor de unos esquemas institucionales incompatibles con los preconizados por Vegas. Una 'ortodoxia legitimista'
desautorizada por su iglesia y su dinastía es algo bastante parecido a lo que los franceses denominan un château en Espagne.

En su noble idealismo había una fuerte dosis de utopía que prácticamente le incapacitaba para la acción de gobierno.
Ese modelo de democracia orgánica fue en gran parte realizado por el Estado del 18 de julio. El maximalismo práctico de Vegas le impidió gobernar, cosa que está confirmada apodícticamente por su larga vida de político en perpetua oposición. Y el maximalismo es siempre utópico, porque no hay realidad terrestre alguna que coincida absolutamente con un modelo ideal. Pero es al final de la vida de Vegas cuando la dosis de utopismo alcanza una mayor densidad. Entiendo que murió fiel a los sucesores de Alfonso XIII y, sin embargo, partidario de una monarquía tradicional, antiparlamentaria y antipartitocrática. Tal proyecto era históricamente contradictorio, lo cual es una de las manifestaciones más claras del utopismo. Gonzalo Fernández de la Mora.

Rafael Calvo Serer  1916-1988
 Las coordenadas doctrinales expuestas por el falangista José Luis de Arrese se encontraron presentes, con algunos matices, en la nómina de doctrinarios de la Democracia orgánica del Régimen de Franco; una generación considerada por P. C. González Cuevas como la “nueva derecha monárquica”, en muchos casos ligados a la institución del Opus Dei, conectados con la nueva clase económica liberal, formada bajo la “cultura tradicionalista nacional y católica”, y que intentó hacer realidad la “teoría de la sociedad directoral” de Georges Uscatescu

En esta generación se puede destacar la obra de Rafael Calvo Serer  [1916-1988], ideólogo perteneciente al Opus Dei y primer catedrático español de Historia de la Filosofía española y Filosofía de la Historia, y postulador de una nueva“Monarquía social y tradicional” para el Régimen franquista

Su primer texto de relevancia doctrinal fue España sin problema, respuesta a la obra del falangista Pedro Laín Entralgo España como problema (1949). Rafael Calvo Serer  contrapuso a la críticas de Laín la peculiaridad y normalidad de la vida política y social franquista, los aun latentes peligros revolucionarios, el legado historiográfico de Menéndez Pelayo; además esbozaba ya una  

“Monarquía tradicional,hereditaria, antiparlamentaria y descentralizada” 

siguiendo los postulados de Vázquez de Mella.

Con esta obra Calvo Serer se convirtió, en uno de los estandartes de esta nueva generación de doctrinarios. Posteriormente en Teoría de la Restauración (1953)argumentaba sobre un nuevo Régimenpolítico-social de raíz orgánica (católica) y desarrollo corporativo (técnico), que remitía directamente a R. de Maeztu . Este modelo, debería ser capaz de aunar la especificidad de la tradición nacional-católica, la homologación política occidental y cierta apertura intelectual dentro del régimen

Asimismo, sus obras La configuración del futuro (1953) y La fuerza creadora de la libertad (1958) continuaron desarrollando su “teoría de la Restauración”, insistiendo en los valores de la “teoría de la restauración cultural, social y política” católica y monárquica, que la elite gobernante no podía defender a través del Estado democrático-liberal ni del Estado totalitario, sino a través de una “dictadura mandataria” y transitoria, de la que era claro ejemplo el Estado corporativo portugués.
Esta “restauración cristiana” permitiría erigir un nuevo Estado:
“el cual nunca podrá lograr sus objetivos a través del régimen de partidos, de la aceptación de la soberanía popular, del sufragio universal y de las libertades revolucionarias”
Por  ello insistía que 
“es por tanto ingenuo, mal intencionado o ignorante el pretender imponer a determinados países un constitucionalismo democrático cuando en ellos hay tantas experiencias catastróficas de la inviabilidad de las constituciones escritas”
Frente al mismo señalaba “que no pueden interesarnos las formas democráticas occidentales” ni los regímenes comunistas, alejados de nuestros parámetros sociales o culturales. “¿Qué hacer pues?, ¿están agotadas las posibilidades políticas). 
Un examen más profundo y complejo de las situaciones en las que vivimos permite encontrar, en la verdadera base doctrinal del Movimiento una concepción política que siendo esencialmente española, ofrece además caracteres válidos, incluso para las democracias, en descomposición del Continente”
Calvo Serer asumía con ello la defensa del “sistema de valores e ideas radicalmente español”, que reunía “lo positivo de la democracia anglosajona y aún la eficacia del totalitarismo comunista”. El régimen futuro se debía apuntalar en dos principios fundamentales, en los que descansaba también, a su juicio, la teoría del Movimiento nacional: unidad católica (“cimentación espiritual del orden político”) y justicia social (concepción cristiana).
Así, sobre un “régimen jerárquico y autoritario” puramente circunstancial, nacido de la “época de disgregación y de lucha de clases”, se impulsaba la ordenación social en base a “la reconstrucción de la comunidades naturales, según el sentido cristiano de la libertad personal”. Pero este sistema necesitaba de una política cultural de difusión y realización de los valores tradicionales, que hiciese viable la Restauración.  
“La culminación de nuestro proceso de reordenación política ni puede ser la república ni una Monarquía cualquiera –escribía Calvo Serer- sino una Monarquía social, como la popular de los viejos tiempos”, ante la crisis y desaparición que profetiza de los sistemas capitalista y comunistas. En este sentido, el régimen propuesto  “armonizaba la intervención del Estado y la libertad de iniciativa privada”; éste no era para Calvo Serer un ideal utópico, sino “la vertebración epopéyica que España vive desde 1936”. 
Y en este régimen se encarnaba en una 

“monarquía popular capaz de asegurar la unidad católica y la justicia social (…) la versión española de ese Estado autoritario y representativo que quieren construir ahora los neoliberales y neoconservadores del mundo entero, en sus esfuerzos por superar el liberalismo y el marxismo”.
Su monarquía se situaba así, como en López-Amo, en una línea democrático-tradicional similar a la de la Monarquía británica, de la Constitución norteamericana y del federalismo suizo, que permitiría “contar con un poder ejecutivo tan dinámico como el de los Estado totalitarios, decidido a configurar una sociedad deshecha y pulverizada”; las conexiones se establecían por que todos estos modelos establecían el problema político fundamental no en sucesiones personales sino en la “creación y consolidación de las instituciones, que han de garantizar en el sentido expuesto el desenvolvimiento normal de todas las fuerzas sociales”.
“En España llevamos algunos años trabajando por crear una elite que disponga de un Estado fuerte, encarnado en la Monarquía social”.
La elite técnica, propia de la “sociedad natural” española, debía de encabezar este  proyecto restaurador por una triple necesidad: evitar fragmentación social e ideológica (unidad de creencias), impulsar un poder ejecutivo fuerte (ajustando su actuación al derecho natural católico) y sancionar una elite gobernante que gestione la restauración tradicional-católica (respetando el principio de subsidiaridad). 
De esta manera, para Calvo Serer:
“la futura monarquía, que por su carácter social y su defensa de las libertades del pueblo, tanto recuerda a la que Menéndez Pelayo encontró en nuestros tiempos clásicos en la forma de Monarquía popular”.
El doctrinario valenciano señalaba al respecto, que la validez actual de la institución monárquica era evidente en los casos de Escandinavia o los Países bajos (o la deriva hacia una Monarquía electiva de las grandes democracias, la llamada “Monarquía republicana” de Maurice Duveger), y en el fracaso de los intentos republicanos españoles. Así se llegaba, por imperativo histórico, al proceso dónde  
“se construye en España de nuevo una Monarquía, que responda a los imperativos de la tradición, a las exigencias pasadas y a las necesidades políticas y sociales del presente”
Calvo Serer sostenía subrayaba que esta fórmula se basaría en un  “ejecutivo fuerte, continuo y estable en el orden político, en la dignificación del trabajo manual, la extensión popular de la cultura y la seguridad económica en el orden social”.
En este último orden, se buscaba elevar el nivel de vida de las clases bajas “mediante la libre concurrencia de las capacidades individuales, en igualdad de oportunidades”. Las garantías propuestas enmarcaban las libertades concretas de la “nueva Monarquía”; era el régimen de origen tradicional, enraizado en el Derecho público cristiano, y articulado mediante una reforma controlada de las instituciones vigentes (siguiendo el modelo portugués)
La representatividad popular y social se encauzaría a través de la “Corona, Cortes y Gobierno”, y se fundamentaría en tres principios fundamentales: “espíritu nacional, sentido social  y concepto autoritario del poder”.
 
Pero para alcanzar dicha representatividad, había que eliminar los injustos privilegios clasistas o evitando su preeminencia; dicha Monarquía necesaria y posible necesitaba la  
“aquiescencia, el libre consenso, de las clases populares, para obtener el cual habrá de basarse en los ideales políticos y vitales de todo el pueblo: instituciones abiertas a una proporcionada participación de todos los elementos sociales, mediante un adecuado sistema de representación; máximas garantías laborales y económicas, mediante auténtico funcionamiento de la asociación sindical; y control del poder a través de unas Cortes fuertes y de un ejercicio pleno de las libertades populares”
Pese a esta “militancia” corporativa, Calvo Serer acabó como declarado enemigo del mismo Régimen que le promocionó intelectual y académicamente.
Sergio Fernández Riquelme 


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